'Contribución a la Automatización': La propuesta de ley de Stefano Bacchiocchi
El debate sobre la tasación de la automatización no es nuevo. En Estados Unidos, Bernie Sanders lanzó su cruzada contra lo que define como "la guerra de los oligarcas tecnológicos contra los trabajadores", proponiendo un impuesto a los robots para frenar el tsunami de empleo que amenaza con eliminar cien millones de puestos de trabajo en la próxima década. Pero mientras al otro lado del océano el debate sigue atrapado entre la retórica política y las resistencias ideológicas, en Italia alguien ha decidido pasar a la acción con una propuesta que no busca contar robots, sino gravar los resultados.
El pasado 25 de septiembre, en las salas del Senado, se presentó la propuesta de la "Contribución a la Automatización", un mecanismo fiscal que invierte el enfoque tradicional de la cuestión. No se trata de un intento más de frenar el progreso tecnológico con un impuesto punitivo, sino de un sistema que se fija en las cifras del balance para reequilibrar un sistema fiscal que hoy premia a quienes sustituyen a las personas por máquinas. Quien propone este cambio de paradigma es el Dr. Stefano Bacchiocchi, experto contable en privacidad, blanqueo de capitales, tercer sector, organizaciones sin ánimo de lucro, nóminas y cotizaciones, además de profesor en la Universidad de Brescia, donde enseña Contabilidad General y Estados Financieros.
Bacchiocchi no es un ludita que sueña con destruir los telares mecánicos del siglo XXI. Su carrera profesional se ha construido sobre la digitalización de los procesos empresariales, sobre la transformación de las obligaciones normativas en palancas de crecimiento. Pero es precisamente esta experiencia sobre el terreno, en contacto diario con las empresas y con los trabajadores que las pueblan, la que le ha llevado a una constatación incómoda: el sistema fiscal italiano, como el de gran parte del mundo occidental, sigue anclado en el siglo pasado. Grava el trabajo humano mientras ignora por completo la riqueza producida por las máquinas. Y esta asimetría, si no se corrige, corre el riesgo de producir tensiones sociales que ninguna sociedad occidental está preparada para gestionar.
El mecanismo: gravar el efecto, no la causa
Cuando le pido a Bacchiocchi que me explique en detalle cómo funciona el mecanismo fiscal de la Contribución a la Automatización, su respuesta es tajante y directa. "Permítanme explicar el mecanismo con extrema claridad, porque la fuerza de esta propuesta reside precisamente en su simplicidad operativa, que barre cualquier excusa burocrática. Olviden la idea imposible de contar robots o de definir técnicamente un algoritmo: nosotros miramos el resultado económico, punto. La lógica es que no se grava la herramienta, sino el ingreso adicional que la empresa obtiene al sustituir a las personas."
Es una elección radical que evita la trampa en la que han caído todos los intentos anteriores de tasar la automatización, desde el Parlamento Europeo, que en 2017 rechazó una propuesta similar precisamente por la imposibilidad de definir qué era un "robot" gravable, hasta las dificultades técnicas que han frenado iniciativas análogas in otros países. Bacchiocchi prosigue detallando el cálculo: "El cálculo se hace sobre las cifras que las empresas ya tienen y que declaran obligatoriamente: tomamos principalmente los ingresos y los costes de personal. El Estado establece un punto de referencia sectorial, es decir, cuánto gasta una empresa media de ese sector en mano de obra en relación con sus ingresos. Si una empresa gasta drásticamente (hay un umbral de tolerancia) menos que ese punto de referencia porque se ha automatizado, surge una diferencia positiva, un 'coste esperado' que ya no existe. Es sobre esa diferencia, que representa la ventaja competitiva neta de la automatización, sobre la que se aplica la contribución. En la práctica: nada de papeleo nuevo, utilizamos los datos del balance y gravamos solo el beneficio extraordinario derivado de no pagar salarios humanos."
La siguiente pregunta se refiere a quién exactamente estará obligado a pagar esta contribución. Bacchiocchi ha querido establecer límites muy claros, y es evidente que conoce bien las preocupaciones del tejido empresarial italiano. "También aquí, despejemos cualquier malentendido: no se dispara a bulto. Los sujetos obligados son solo aquellas empresas en las que la automatización ha creado una desproporción evidente y medible entre los ingresos y los costes de personal."
La protección de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la espina dorsal de la economía italiana, es fundamental en la propuesta. "He querido establecer límites muy claros para proteger el tejido productivo más frágil. Las start-ups, las microempresas y las actividades en sus primeros años de vida están totalmente exentas, así como los despachos profesionales y sectores específicos como la sanidad. Además, los tipos impositivos no son fijos, sino progresivos y modulados en función del tamaño y del sector. El objetivo es gravar la gran capacidad contributiva que hoy escapa al fisco, no al pequeño empresario que intenta sobrevivir o modernizarse; quien invierte en tecnología colaborativa o en formación tiene incluso acceso a créditos fiscales y exenciones."
Le pregunto entonces cómo se definen y miden los procesos considerados "automatizados" a efectos del impuesto, consciente de que este ha sido el talón de Aquiles de todos los intentos anteriores. La respuesta de Bacchiocchi revela hasta qué punto se ha estudiado esta propuesta precisamente para evitar los errores del pasado. "Esta es la trampa en la que han caído los otros intentos internacionales, y yo la he evitado con una elección de principios radical: no definimos técnicamente el 'robot' o la 'automatización'. Sería una batalla perdida de antemano, porque la tecnología corre más rápido que las definiciones legales."
La elección concreta se manifiesta con toda claridad: "Mi enfoque es pragmático: medimos el efecto, no la causa. Si tus ingresos se mantienen o aumentan mientras los costes de personal se desploman por debajo de la media del sector, entonces hay una automatización relevante, poco importa que sea un brazo mecánico o un software invisible. La automatización se vuelve gravable solo y exclusivamente cuando sustituye el trabajo humano de forma medible."
Para garantizar la fiabilidad de los datos, Bacchiocchi ha previsto un sistema de control profesional: "Para garantizar que nadie haga trampas con las cifras, hemos previsto que los datos sean certificados por profesionales habilitados que dan la cara y la firma con visados de conformidad bajo el control ministerial."
Paso entonces a preguntarle por la integración de la contribución con las otras formas de imposición ya existentes, un aspecto crucial para entender si se trata de una carga fiscal adicional o de un reequilibrio del sistema. "La Contribución a la Automatización no es un impuesto que se suma a los demás, sino una pieza que falta en el rompecabezas y que viene a llenar un vacío clamoroso", explica Bacchiocchi con una metáfora eficaz. "Hoy nuestro sistema fiscal y de seguridad social está cojo porque se basa casi exclusivamente en el trabajo humano, ignorando por completo la riqueza producida por las máquinas. Esta medida es un tributo finalista que grava una nueva capacidad contributiva: la ventaja económica pura generada por la sustitución del hombre."
Es importante subrayar, y es un punto que Bacchiocchi se esfuerza por aclarar, que la propuesta no afecta a los incentivos existentes: "No vamos a tocar los incentivos existentes: Industria 4.0, 5.0 y Patent Box se quedan donde están. Nosotros intervenimos solo para restablecer una equidad básica, corrigiendo lo absurdo de que hoy quien automatiza y despide se encuentre pagando menos impuestos y cotizaciones que quien mantiene a sus empleados. Es una integración necesaria para modernizar un sistema fiscal anclado en el siglo pasado."
La gobernanza: un sistema vivo que se adapta
Una propuesta legislativa vale tanto como su capacidad de adaptarse al cambio, y es evidente que Bacchiocchi ha reflexionado largamente sobre este aspecto. Le pregunto qué instrumentos propone para supervisar y actualizar con el tiempo la eficacia de la contribución, considerando la velocidad con la que evoluciona el panorama tecnológico.
"No hemos escrito esta propuesta en piedra, sabemos muy bien que el mundo cambia rápidamente. Por eso hemos previsto una gobernanza dinámica e inteligente", responde. La fase inicial está diseñada para ser cautelosa y experimental: "Empezamos con una fase piloto limitada a los sectores de alta intensidad tecnológica para calibrar bien los indicadores y ver cómo reaccionan las empresas."
Pero el corazón del sistema de adaptación reside en los puntos de referencia sectoriales: "Pero, sobre todo, el sistema se basa en puntos de referencia sectoriales que no son fijos: se actualizarán periódicamente para reflejar la evolución tecnológica y demográfica real. Hay un comité de gestión compuesto por expertos, interlocutores sociales y empresas que tendrá la tarea de realizar evaluaciones de impacto periódicas y, si es necesario, remodelar los parámetros y los tipos impositivos. No es un impuesto estático, es un instrumento vivo que se adapta a la realidad."
La cuestión del destino de los recursos recaudados es crucial para la credibilidad de la propuesta. Con demasiada frecuencia en Italia, los nuevos impuestos se justifican con nobles finalidades para luego acabar dispersos en el presupuesto general del Estado. Pregunto por tanto a Bacchiocchi cómo garantizar que los recursos se destinen efectivamente a proyectos de recualificación y apoyo a los trabajadores.
"Sé muy bien que el temor es que el dinero acabe en el gran caldero del gasto público improductivo, pero lo hemos blindado todo", responde con decisión. "La recaudación no va a la fiscalidad general, sino a un Fondo Autónomo, separado y rastreable hasta el último céntimo. Es un tributo finalista: por ley, ese dinero solo puede utilizarse para pensiones, formación y bienestar."
La gobernanza del Fondo se ha estructurado para resistir a las presiones políticas: "Y para evitar que la política meta las manos indebidamente, la gestión se ha confiado a una gobernanza multilateral con todos dentro: instituciones, sindicatos, empresas y expertos independientes. Existe la obligación de presentar informes públicos y controles externos: es difícil imaginar más garantías que estas."
El nudo de las críticas: innovación vs. equidad
Llegamos al meollo de las controversias. La crítica más frecuente a las propuestas de tasación de la automatización se refiere al presunto freno a la innovación y a la competitividad. Es el argumento que he oído reiterar infinitas veces en los debates sobre estos temas, y tengo curiosidad por entender cómo lo aborda Bacchiocchi. Su respuesta no deja lugar a dudas.
"Seamos serios, esta es la objeción más ridícula y carente de fundamento que me repiten. Quien sostiene que una contribución fiscal frena la innovación vive fuera de la realidad o actúa de mala fe", ataca sin rodeos. Su argumentación se basa en la experiencia práctica de quien trabaja a diario con las empresas: "Un empresario no elige la automatización para ahorrar en impuestos, la elige porque es endiabladamente más eficiente: las máquinas no se enferman, no se van de vacaciones y producen 24 horas al día, 7 días a la semana. Pensar en detener esta revolución con un impuesto es como creer que en el siglo XIX habríamos salvado a los fabricantes de carrozas gravando los automóviles: la tecnología superior siempre gana, independientemente del fisco."
Bacchiocchi no se detiene ahí y desmonta también el argumento de la deslocalización, un clásico fantasma que se agita cada vez que se habla de nuevos impuestos: "Y por favor, dejemos también el cuento de la deslocalización: las empresas no huyen por los impuestos, huyen por la burocracia, por la justicia lenta, por la falta de cadenas de suministro, por la falta de infraestructuras, o por el coste demasiado elevado del trabajo humano, problemas que nosotros no agravamos en absoluto. Quienes utilizan estos argumentos solo intentan (¿por qué?) proteger a aquellas empresas que, hoy en día, no asumen su responsabilidad social."
El golpe final es particularmente mordaz: "¡Es aún más absurdo cuando estas críticas risibles provienen de pequeños empresarios o, incluso, de empleados! ¡Que son precisamente los que no solo están exentos del impuesto, sino los que se beneficiarían directamente de los recursos!"
Resulta entonces esencial preguntarle cuáles son los principales beneficios sociales que esta contribución puede garantizar. Las cifras que cita no son nada desdeñables. "Hablamos de cifras y de vida real: estimamos una recaudación a pleno rendimiento de unos 8.000 millones de euros al año. Esto no es calderilla, es el oxígeno que se necesita para mantener en pie nuestro sistema social, que se está derrumbando bajo el peso del envejecimiento."
El destino principal de los recursos es claro: "El principal beneficio es la sostenibilidad de las pensiones, que hoy están en riesgo porque cada vez hay menos trabajadores humanos para pagarlas. Pero no solo eso: estos recursos sirven para financiar la formación continua y la recualificación de quienes pierden su empleo, porque no podemos permitirnos dejar a nadie atrás. Es un mecanismo de pura equidad: tomamos una parte de la riqueza producida por las máquinas para garantizar una vida digna a las personas."
Le pregunto entonces de qué manera la contribución puede mitigar los efectos negativos de la automatización en el mercado laboral. Es un tema sobre el que muchos economistas tienen posiciones diferentes, algunos sostienen que la tecnología siempre crea más trabajo del que destruye, citando las revoluciones industriales anteriores. Bacchiocchi no está de acuerdo, y lo dice sin rodeos.
"Tenemos que dejar de contarnos el cuento de que 'la tecnología crea más trabajo del que destruye'. No es una ley científica, es una esperanza que hoy los hechos desmienten. Esta vez la revolución es diferente: afecta a los trabajadores de cuello blanco, a los contables, a los banqueros, a los abogados, con una velocidad que no deja escapatoria."
La función de la contribución emerge con claridad: "La contribución sirve precisamente para mitigar este impacto devastador. Financia verdaderas redes de seguridad social y programas de recolocación para evitar que el desempleo tecnológico se transforme en una bomba social. Si no intervenimos ahora redistribuyendo las ventajas de la automatización, nos encontraremos con tensiones sociales ingobernables y una clase media empobrecida que ni siquiera podrá comprar los productos fabricados por esos robots tan eficientes."
La última pregunta se refiere al papel del Estado. En una época en la que el debate oscila entre quienes invocan un retorno del Estado regulador y quienes predican el liberalismo más puro, le pregunto a Bacchiocchi cuál debe ser el papel de las instituciones en la regulación de la automatización.
"El Estado ya no puede quedarse mirando como un espectador pasivo mientras el mundo cambia. Debe retomar las riendas y gobernar el proceso", responde con una convicción que no admite vacilaciones. "El papel del Estado es reconectar la realidad productiva, hecha de algoritmos y robots, con el pacto social que mantiene unido al país. No se trata de detener el progreso, sino de transformar un problema presupuestario en una palanca de política industrial."
La equidad en la competencia es fundamental en su razonamiento: "El Estado debe garantizar que la competencia sea leal, porque hoy quienes automatizan gozan de una ventaja fiscal injusta con respecto a las pequeñas empresas que dan trabajo a las personas. Debemos promover un modelo en el que la innovación esté al servicio de la colectividad y no sea fuente de exclusión. Si el Estado abdica de este papel, el coste social será insostenible."
Un equilibrio por construir
La propuesta de la Contribución a la Automatización presentada por el Dr. Stefano Bacchiocchi en el Senado representa un intento pragmático de abordar uno de los nudos más críticos de la transformación tecnológica en curso. A través de un mecanismo fiscal que grava los efectos económicos de la automatización en lugar de la tecnología en sí, la propuesta busca reconciliar la innovación y la cohesión social, evitando tanto la utopía ludita de detener el progreso como la distopía de una economía donde los beneficios de la productividad se concentran en pocas manos mientras los costes sociales se distribuyen sobre la colectividad. Con una recaudación estimada de ocho mil millones de euros anuales destinados a un Fondo Autónomo para pensiones, formación y bienestar, y con una gobernanza dinámica diseñada para adaptarse al cambio tecnológico, la Contribución a la Automatización se postula como un instrumento de reequilibrio en un sistema fiscal todavía anclado a una economía del trabajo humano que está desapareciendo rápidamente. Queda por ver si la propuesta encontrará el camino legislativo para convertirse en realidad, pero el debate que ha suscitado ya es en sí mismo una señal de que la cuestión no puede posponerse más.